Casi a la par de que los Diputados del Congreso de la Unión aprobaban el novedoso Código “Único” Nacional de Procedimientos Penales, un taxista y su ayudante fueron linchados y quemados por indígenas tzeltales de la comunidad San José Chacté, después de arrollar con un vehículo Nissan tipo Tsuru, a un niño que se cruzó inesperadamente la carretera, dice la información que trascendía desde la tarde de ante ayer por las redes sociales. Con este ya son nueve “cristianos” que han sido linchados y quemados en menos de dos años en comunidades indígenas de los altos según revelan datos de la propia Procuraduría de Justicia de Chiapas lo cual resulta preocupante que a pesar de tener estos antecedentes la leyes institucionales no logren frenar la del TALION que impera a lo largo y ancho de las “sociedades indígenas” de la entidad ; hasta el momento no sabemos si el novedoso “Código Único y Nacional de Procedimientos Penales” recientemente aprobado por los diputados se coloca por encima del famoso régimen de “USOS Y COSTUMBRES ” en el que se desenvuelven la mayoría de comunidades indígenas de Chiapas, régimen que somete a quienes les toca vivir o pasar por estas comarcas a linchamientos y castigos morales y corporales que atentan en el extremo a los más elementales derechos humanos subrayados en nuestra Carta Magna, si bien es cierto que los pueblos indios han tenido que librar una feroz batalla para poder ser reconocidos y tomados en cuenta por las autoridades y los gobiernos en aras de tener una mejor calidad de vida, esto no implica que la Constitución Mexicana les otorgue privilegios de poder tomar justicia por sus propia mano, sobre todo después de confirmar que la sentencia capital -y además tormentosa-; dictada en el municipio de San Juan Cancúc, fue porque los “acusados” no pudieron pagar los cien mil pesos de multa que exigían los familiares del menor atropellado; un acto de barbarie e infernal donde se dio rienda suelta a las más bajas y degradantes pasiones humanas y que por ello derivaron delitos que encuadran en HOMICIDIO con premeditación, alevosía y ventaja, y otros más que pudieran desprenderse de los satánicos hechos; ya es tiempo que los gobernantes consideren de manera seria y comprometida alguna acción que permita a los indígenas comprender que lo que están haciendo no es de Dios ni de las leyes humanas. Primero aplicando el estado de derecho sin ningún temor, metiendo a la cárcel de por vida a quienes quitan el derecho de vivir de esta manera; dejar en la impunidad este otro doble crímen sería trágico y vergonzoso para todos. Y Segundo enviar señales de confianza gubernamental, pero también “educar” y dar oportunidades a las nuevas generaciones de indígenas, de tal manera que la barbarie social que impera en sus comunidades termine por erradicarse. Es lo que más a mano se nos ocurre. A ver qué dice el novedoso Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a este tipo de delitos.
