06 de Mayo de 2011
Comitán de Domínguez, Chiapas.- Como parte de la política de legalidad y respeto irrestricto al Estado de Derecho en Chiapas, este viernes se llevó a cabo el desalojo del predio ubicado en la calle profesor Horacio Trujillo número 520 en la colonia Mariano N. Ruiz de Comitán de Domínguez, a través del cual se logró la restitución del inmueble a sus legítimos propietarios.
Durante el operativo, en donde se privilegió en todo momento el Protocolo de Desalojos, participaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto de Protección Civil, Benemérita Cruz Roja Mexicana y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos.
En ese marco, el grupo interinstitucional privilegió el diálogo con el grupo invasor, simpatizante de la organización social Lucio Cabañas, quien por el contrario agredió con diversos objetos y proyectiles a los efectivos, lesionando a dos elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría de Chiapas.
Con piedras, palos y machetes en mano, los invasores trataron de impedir que se llevara a cabo el operativo de restitución del predio.
Mientras tanto, personal de las instituciones involucradas trasladó a las mujeres y menores que se encontraban dentro del predio a las instalaciones regionales del Instituto de Protección Civil para garantizar su seguridad.
En el desahogo de las diligencias correspondientes, diversas personas fueron presentadas ante el Ministerio Público investigador con la única finalidad de ser escuchados en declaración. Posteriormente pudieron retirarse.
En este contexto, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra de la PGJE investiga a Gabriel López Pulido y Eruvey López Pulido, señalados de encabezar la invasión del citado predio; como probables responsables del delito de Despojo.
Al concluir el operativo de restitución, apegado al Protocolo de Desalojos, el grupo interinstitucional hizo entrega oficial del inmueble al representante legal de los legítimos propietarios.
Con estos hechos, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de privilegiar la paz y la legalidad, así como el respeto al orden jurídico, que permite la sana convivencia y desarrollo de la sociedad chiapaneca.
